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La presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari, aseguró que desde hace tiempo vienen denunciando el modus operandi de algunos intermediarios agrícolas, que llegan con mano de obra extranjera sin la documentación al día, apuntando así a la escasa fiscalización frente al tráfico de migrantes.

“Como gremio hemos insistido en los chequeos y controles, pero también hay una responsabilidad que va más allá y tiene que ver con el sistema. Hay varios vacíos legales, porque esto se descuadró y nadie trata de solucionarlo”, aseguró Figari.

Por ejemplo, una pareja chileno-boliviana, que reclutó a 13 trabajadores de temporada agrícola en Santa Cruz de La Sierra (Bolivia) para llevarlos a trabajar a un predio de Pan de Azúcar –ingresándolos de manera ilegal al país- fue detenida este miércoles por la PDI y puestos a disposición del Ministerio Público, por eventual tráfico de migrantes.

En lo que sería el primer caso de este tipo en la región de Coquimbo, éste dejó al descubierto un drama que ya han vivido otros extranjeros al llegar a territorio nacional, bajo la promesa de mejores salarios y buenas condiciones laborales, oferta que al final no es tal, pues casi siempre al llegar, se les cambian las condiciones de pago sin aviso o terminan viviendo en espacios que no ofrecen mínimas condiciones para ello.

“Han jugado con los sueños de estas personas”

El delegado presidencial, Ignacio Pinto, al conocer el caso dijo que “han jugado con los sueños de estas personas, ofreciendo distintas alternativas laborales en la región en condiciones precarias, provocando un tremendo daño a ellos y asociado además al lucro de los que se dedicaban a este delito”.

Y dado que se trataba de trabajadores agrícolas, las miradas apuntaron instantáneamente hacia ese rubro productivo, hoy azotado por una alarmante escasez de mano de obra, déficit que en la región llega al 80%.

“Hacemos un llamado especialmente a los empleadores al momento de contratar personal extranjero, revisando que cumplan con todas las formalidades, porque se exponen a multas y están cometiendo infracciones que deben ser sancionadas”, agregó a su vez el delegado.

Consultada por este hecho, la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), María Inés Figari, rechazó esta situación, pero aclaró que estas situaciones no son nuevas en el rubro, apuntando específicamente al rol que cumplen los contratistas.

Al respecto, Figari señaló que éstos suelen llegar a los fundos con oferta de mano de obra y asegurando que todos los trabajadores que vienen con ellos, cuentan con su documentación al día.

El gran problema, explicó la dirigenta de la SAN, es que respecto a los intermediarios agrícolas existe escasa fiscalización, pese a haber un “Registro de obras o faenas de Intermediarios Agrícolas” (artículo 92 bis del Código del Trabajo).

“Esta situación la estamos avisando hace un buen tiempo. Y no se trata sólo de extranjeros, también de chilenos que no quieren trabajar con contratos ni que tengan descuentos legales. Por eso cuando llega un contratista que señala con documentos, que a veces resultan ser falsos que todo está en regla, obviamente se utiliza aquella mano de obra (…)”, explicó.

Figari insistió en que la fiscalización de las autoridades de trabajo y las policías es vital en todas las áreas productivas, pues es una situación que también ocurre en otros ámbitos donde llegan contratistas con mano de obra como en el área de servicios.

“ (…) Como gremio hemos insistido en los chequeos y controles, pero también hay una responsabilidad que va más allá y tiene que ver con el sistema. Hay varios vacíos legales, porque esto se descuadró y nadie trata de solucionarlo”, aseguró.

Visa temporal

Se debe recordar que desde hace tiempo, pero muy especialmente en los últimos meses, el gremio agrícola viene solicitándole al Gobierno una visa especial para trabajadores agrícolas extranjeros –principalmente de Bolivia- que permita por un lado, proteger a los migrantes de los abusos y por otro, cubrir –al menos en parte– el déficit de mano de obra en el campo.

“Hasta el momento no se ha visto mayor avance, pero confiamos en la ministra de Agricultura para una solución a esta problemática (…) Se requiere de una ayuda especial para agilizar los permisos y visas que parecieran estar detenidas, porque no hay mayores alternativas a la regularización”, indicó María Inés Figari.

Los mismos derechos

Al mismo tiempo, el director regional del Trabajo, Rodrigo Fernández, explicó que en situaciones como éstas, la condición de ilegalidad o irregularidad del trabajador migrante no influyen al momento de proteger sus derechos laborales.

“En lo laboral, un trabajador extranjero, cualquiera sea su situación migratoria, si está de manera irregular o está de manera legal, para efectos nuestros es un trabajador que tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Esto porque la propia Constitución establece la igualdad ante la ley, y ésta no hace distinciones entre la situación del extranjero con el chileno”, señaló Fernández.

En el caso de existir remuneraciones impagas, la Inspección del Trabajo puede cursar una multa al empleador, independiente de la situación migratoria del trabajador extranjero o de que el contrato no cumpla con ciertas cláusulas previstas en la Ley de Migración, explicó el director regional.

Respecto a las sanciones a las que se arriesgan aquellos empleadores que no cumplan con sus deberes laborales, Fernández comentó que “según el tipo de sanción, se aplica la regla general. Nuestras sanciones van hasta 60 UTM, que son un poco más de 3 millones de pesos por cada infracción que nosotros detectemos”.